Tres alertas de operaciones sospechosas recibidas por parte de entidades bancarias fueron clave para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pudiera investigar a fondo el presunto manejo irregular del financiamiento para la campaña electoral del 2022 del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) con el que Rodrigo Chaves Robles llegó a la presidencia de la República.
Así lo revela el informe final realizado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del TSE, que ahora está en manos de la Fiscalía General.
El documento recoge la investigación que se realizó sobre el fideicomiso Costa Rica Próspera, que operó a partir del 25 de febrero de 2021 para potenciar las aspiraciones políticas de Rodrigo Chaves y, con intención o no, sirvió como estructura paralela de financiamiento en beneficio del PPSD, en el marco de las Elecciones Nacionales de 2022.
También se indaga la creación de una segunda estructura creada por el empresario Jack Loeb y la hija del diputado Waldo Agüero, Sofía Agüero. En esta, se indica que Loeb habría hecho una donación de $200.000 a las campañas de Chaves y Waldo Agüero, por medio de la intermediación de Sofía (quien recibió los fondos en sus cuentas) y al margen de la tesorería del partido político. Operó entre el 2 de setiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022.
Específicamente sobre los movimientos de dinero anómalos que se informaron al TSE, el texto oficial señala que según los artículos 122 y 298 del Código Electoral, las entidades bancarias están obligadas a generar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y comunicarlo al TSE en caso de que se realicen transacciones dudosas en cuentas relacionadas con partidos políticos.
En este caso, el tribunal pudo constatar al menos 3 operaciones sospechosas en las cuentas del PPSD que abrieron las puertas a poder investigar otros hechos por financistas extranjeros.
Ante este panorama el tribunal destacó que puede ordenar congelar esos montos hasta que se resuelva lo procedente, incluso el mismo banco está autorizado a hacerlo una vez que emita la alerta a la institución reguladora de la materia electoral en el país, en caso de detectar fuentes de financiamiento como sociedades anónimas, personas jurídicas o personas extranjeras, como sucedió con el PPSD.
“Aunado a las denuncias ciudadanas reseñadas en el apartado anterior, durante el mes de marzo de 2022 se recibieron tres alertas bancarias sobre operaciones sospechosas, que habrían beneficiado financieramente al partido Progreso Social Democrático o que habrían sido destinadas para impulsar candidaturas específicas postuladas por esa agrupación política”, dice el informe.
Las operaciones
Sofía Agüero
La primera alerta se recibió el 9 de marzo del 2022, cuando el DFFP fue notificado por la subgerente general de Riesgo y Crédito de la Dirección Gestión Conozca a su Cliente del Banco Nacional (BN), mediante un correo electrónico, de una actividad irregular por parte de Sofía Agüero Salazar.
“Según hizo ver la funcionaria bancaria, la señora Agüero Aguilar es una asalariada privada que dice laborar como “Project Manager” para el señor Jack Frederic Loeb Casanova y entre los meses de junio 2020 a agosto 2021, sus ingresos promedios mensuales fueron inferiores a los $600.
Sin embargo, a partir de octubre de 2021 se identificaron “(…) acreditaciones que se apartan del comportamiento habitual, por medio de SINPE, siendo el ordenante: Jack Frederic Loeb Casanova con detalles como: donación campaña por más de $195.000“, menciona el informe.
Una vez que el banco hizo la revisión de los movimientos, detectó 18 depósitos de Agüero de dinero proveniente del financista Loeb Casanova, una con una suma que superaba los $48 mil.
A continuación un recuadro donde se desglosan la totalidad de movimientos, el cual se realizó con información suministrada por el Banco Nacional y que se incluyó en los folios 969 a 970 del expediente administrativo:
El informe de la funcionaria del banco agrega que al “(…) al momento de aplicar la debida diligencia reforzada a la señora Agüero, hace ver que facilitó su cuenta, dado que el ordenante de esos fondos (su patrono) apoyó específicamente al candidato a diputado por San José, su padre el señor Julio Ubaldo (Waldo) Agüero Sanabria con el Partido Social Democrático”.
El TSE confirmó que eso generó alarmas de una “posible estructura paralela de financiamiento, destinada -en apariencia- a impulsar de forma directa la candidatura a diputación” de Agüero Sanabria.
Añaden que dicha estructura estaría relacionada con el esquema de financiamiento asociado al grupo “Costa Rica Próspera”, debido a que las personas que figuraban como participantes también estaban en las denuncias y alertas recibidas sobre financistas u operarios del fideicomiso.
Esta información dio pie a que se acumulará la información al expediente de investigación preliminar n.° DFPP-EE-012-2021, con la alerta de operaciones “no habituales” generada por el Banco Nacional de Costa Rica de Sofía Agüero.
La segunda alerta se generó el 29 de marzo del 2022 mediante un correo electrónico de otra subgerencia de Banca Corporativa del Banco de Costa Rica (BCR), donde informaban sobre transacciones observadas en cuentas de la PPSD.
En esa apuntan que el ahora vicepresidente, Stephan Brunner Neibig, quien fungía como tesorero del partido bajo investigación, depositó dos cheques de gerencia en una cuenta pertenenciente a la agrupación política por un monto de cien mil colones.
El primero se hizo en la oficina de la Clínica Bíblica por 70 mil colones, cuyo ordenante era Sheng Lin Hu y el otro fue mediante un cheque de gerencia a favor del PPSD emitido por el Banco BAC San José, por 30 mil colones, sin que se conociera la identidad del donante.
El 31 de marzo del 2021 el mismo subgerente bancario contactó nuevamente al TSE para hacer ver que se identificó otra vez una transacción a nombre del Sheng Lin Hu hacia el PPSD hecha también en la sucursal de la misma clínica.
“El día de hoy nuevamente se presentó el cliente Lin Hu De Sheng cédula xxxxxx, a solicitar un cheque de gerencia por la suma de 50,000,000 de colones el cual se emite como beneficiario el Partido Progreso Social democrático (sic) cedula (sic) 3-110-794286 indicando que es para la compra de bonos. Este es el segundo cheque se emite esta semana (sic) el anterior fue por un monto de 70,000,000.00 (sic) colones”, dice la investigación.
Una vez que se hizo las revisiones de los movimientos, se pudo corroborar que se habían hecho transferencias vía SINPE con el motivo de justificación que indicaba: “regalo a mi hijo”.
Algo que llamó la atención de las autoridades es que la cuenta por donde se movió ese dinero no tenía movimientos desde el mes de setiembre del 2019.
“El análisis de la información facilitada por el Banco de Costa Rica, sugirió a este Departamento la posible adquisición de certificados de cesión de la contribución estatal por interpósita mano y, en particular, de persona extranjera (dado que el señor Zufan Lin y la señora Weiwen Hu, progenitores registrados del señor Lin Hu, no ostentan la condición de nacionales, según consta en la base de datos de consulta pública del Registro Civil costarricense); circunstancia que podría infringir las disposiciones de los artículos 116 y 128 del Código Electoral, y potencialmente configurar los delitos tipificados en los numerales 274 incisos a), b) y/o c) del Código Electoral”, apunta el informe
Esto dio a pie a que el 24 de enero de 2023 esa oficina de vigilancia de partidos políticos del TSE abriera una nueva investigación administrativa preliminar bajo el expediente n.° DFPP-EE-002-2023, tomando como base un estudio que se realizó al Sheng Lin Hu que deteminaba infructuosa la solvencia económica para realizar esos depósitos.
Comisión de delitos
Rodrigo Chaves durante su campaña electoral en 2022 (Archivo )
El informe final señala al presidente Rodrigo Chaves, el vicepresidente Stephan Brunner, al canciller Arnoldo André y a los diputados Luz Mary Alpízar y Waldo Agüero de cometer presuntos delitos penados con cárcel en el Código Electoral.
Las conclusiones de la investigación elaborada por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE evidencian la presunta comisión de delitos relacionados con la captación de recursos de particulares y el pago de bienes y servicios sin que estas operaciones pasaran por las cuentas del PPSD, en contra de lo que establece el Código Electoral, a partir de 2 presuntas estructuras paralelas de financiamiento. Los delitos investigados son penados, en algunos casos con hasta 6 años de cárcel.
El informe señala también a otras 8 personas investigadas, por hacer y recibir presuntas donaciones ilegales.
En el caso del presidente Chaves, el informe cita que habría incurrido en una violación al artículo 273 del Código Electoral, por presuntamente recibir donaciones para el partido político Progreso Social Democrático (PPSD) a las espaldas de la tesorería de la organización política. Dicho delito tiene una pena de 2 a 4 años de cárcel.
El TSE encontró que este delito se pudo cometer cuando Chaves, en su condición de constituyente del fideicomiso Costa Rica Próspera, invitó a recibir depósitos a las cuentas de ATA Trust Company S.A., siendo ya candidato electo por el partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Por este mismo delito y la misma situación fueron investigados los empresarios y donantes de campaña: Jack Loeb, Andrés Vásquez y Alonso Vargas Araya, todos representantes del fideicomiso investigado. También al canciller de la República Arnoldo André.
Además, al presidente Chaves se le relaciona con la supuesta violación al artículo 275, que tipifica las contribuciones privadas ilegales. En este caso, se le señala por recibir donaciones para su campaña a través de “una estructura paralela y evadiendo los controles del partido político”. Por este mismo delito se le señala a la diputada Alpízar, quien ahora es independiente.
Por este mismo delito también está siendo señalado el vicepresidente Brunner, pues el informe del TSE logró determinar que conocía sobre la existencia de activos del PPSD adquiridos por el fideicomiso Costa Rica Próspera y no lo denunció.
Source
Carlos Castro
